Todo parece reducirse a disminuir la pobreza sin tocar la desigualdad social, a gestionar de mejor manera el “modelo económico” que tendría grandes logros para todos los peruanos, a no tocar ni un pelo la constitución de 1993, y a garantizar la continuidad institucional del Estado unicultural. (Un Estado, una nación, una religión, una lengua, un solo Dios verdadero). Como siempre en la historia del país, los pueblos indígenas no cuentan o interesan sólo para prestar a los candidatos sus signos de identidad por unas horas para las fotos.

Hace siete años, los aimaras expresaron su primer gran hartazgo de lo que es y no es Estado en Perú. Era LA PRIMERA vez que se hablaba de una nación aimara, realmente existente y digna del mayor de los respetos. Los dos gobiernos desde entonces no aprendieron lección alguna de ese movimiento y siguieron como si Lima fuera siempre el Perú.

Hace dos años y un día, (4 de junio 2009), el señor García tomó la decisión de reprimir y matar indígenas en la Curva del diablo, cuando los rebeldes de Bagua ya habían informado de su decisión de regresar a sus comunidades, al día siguiente. Con los decretos del gobierno las concesiones a grandes empresas en territorios indígenas debidamente reconocidos dejarían a las comunidades nativas sin sus fuentes de vida y de cultura. Frente a ese inmenso abuso los nativos se pintaron los rostros y salieron a defender sus derechos con sus propias vidas.

Hoy, los aimaras peruanos fijan su posición sobre un tema nacional y mundial: rechazan las concesiones mineras, defienden su derecho de conservar el agua limpia de sus cerros tutelares. Están hartos de los abusos de las empresas formales e informales, del Estado que sólo los mece con promesas que nunca cumple. No están pensando solo en ellos y ellas sino en todo el país. Como peruanos y aimaras al mismo tiempo, no quieren que las riquezas de la nación peruana se vayan fuera del país a través de las concesiones a las empresas mineras. El mismo grito lo oímos en Bagua, y en todas las zonas mineras del país pero la sordera del gobierno, de la derecha y de gran parte de la clase política del país impide oír ese reclamo.

La afirmación “no hay Estado en el país” tiene sólo un trozo de verdad y mucho de mentira interesada. Los medios de comunicación doblemente Fujimoristas, por lo del papi y la hija, no dijeron una palabra sobre la ausencia de la Policía y el ejército a la ahora en que unas turbas causaban destrozos en la ciudad de Puno, y acusaron con gran cinismo a Ollanta Humala de promover el desorden y el caos.

¿Cuántos avisos más, cuántas rebeliones más se requieren para que los problemas de fondo del país sean discutidos? Mientras no se tomen en cuenta con la mayor seriedad posible los derechos políticos de los pueblos indígenas, y el respeto de sus culturas, lenguas e identidades, el sistema político peruano seguirá siendo, represivo y antidemocrático.