Vender medicamentos es un buen negocio. Pero cuando se trata de bienes que salvan vidas o alivian el dolor se muestra la contradicción entre la racionalidad de la salud pública y la de las empresas. Más aún si consideramos que la salud es un derecho que asiste a todos los peruanos y peruanas y los medicamentos son componentes esenciales para obtenerla en condiciones específicas y justificadas. La situación se torna más grave cuando estos productos tienen proveedores únicos que caen en la tentación de abusar de su posición de dominio en el mercado. Eso ha sido señalado por la presidenta de Essalud aludiendo a los empresarios que tienen el control monopólico de ciertos productos que significan una carga financiera muy pesada para los sistemas públicos de salud: “Ustedes representan empresas que comercializan medicamentos de manera única y exclusiva; por tanto esa posición de ser agentes con exclusividad sobre determinados fármacos les genera una situación ventajosa” (La República.pe, 11.02.12). Situación de ventaja que se expresa con frecuencia en una imposición de precios artificiales con márgenes comerciales inaceptablemente amplios como ha sido demostrado en repetidos estudios por AIS- RedGE, mostrando abismales diferencias entre los precios de importación y los precios de venta tanto para las instituciones públicas (MINSA, Essalud, FFAA y Policía, etc.) como al público en general .