Tierra para el que la acapara

Hubo una etapa (1945-1948) en que los apristas despotricaban contra los barones del algodón y del azúcar. Hoy, los del algodón han casi desaparecido.

Los barones del azúcar han reaparecido: son apristas y están en Palacio. Este es el fondo de una pelea con tongo entre apristas. Algunos de éstos –con Jorge del Castillo como abanderado– defienden un proyecto que limita la propiedad agraria en la costa a 40 mil hectáreas. Ésta es una insolencia, si se considera que el mayor latifundio costeño antes de la reforma agraria de Velasco, la hacienda Casa Grande de los Gildemeister, tenía 29,383 hectáreas.

Con una extensión de 40 mil hectáreas, una sola persona natural o jurídica podría adueñarse de los valles de Cañete, Lurín, Rímac y Chillón juntos, o de los valles de Tacna, Moquegua y algunos de Arequipa en conjunto.

Frente a ese exceso, otro sector aprista considera que 40 mil hectáreas son pocas. No quieren límite alguno. Este bando es encabezado por Alan García.

García es coherente con su prédica de “El síndrome del perro del hortelano”, que propone crear vastos latifundios en costa, sierra y selva, eliminando comunidades y convirtiendo a los comuneros en peones agrícolas.

Medular es el caso de la Corporación Azucarera del Perú S.A. (Coazúcar del Perú), del grupo Gloria de los arequipeños Rodríguez, quienes tienen reveladora afinidad con el presidente García. Un persistente rumor indica que el primer mandatario posee acciones en la empresa.

Coazúcar controla el 57% de Casa Grande, el 45% de Sintuco y el 66% de Cartavio, en cuyo directorio figuran los apristas Francisco Julio Gayoso Palacios y Luis Benjamín Gayoso Gervasi, según dato del investigador Iván Oré Chávez, acogido en el libro Allin Kawsay y el poder en el Perú de Tankar Rau-Rau Amaru.

Las propuestas apristas son las más reaccionarias en la historia del agro. Ambas buscan crear un latifundismo contrario a la justicia social y a la modernización agraria. Su horizonte es la depredación de los campesinos, la represión y el cultivo consagrado en gran parte a la exportación, sin atención a las necesidades alimentarias del país.

Nunca se había lanzado tal desafío contra los trabajadores del campo. Recuérdese que, bajo el gobierno de Manuel Prado (1956-1962), una Comisión de Reforma Agraria y Vivienda presidida por Pedro Beltrán, “el señor de los mil agros”, portavoz de la Sociedad Nacional Agraria, concluyó que la propiedad individual debía tener un límite máximo de 250 hectáreas bajo riego o su equivalente en tierras de secano o pastos naturales.

Los gobiernos de Fernando Belaunde y del General Juan Velasco redujeron el límite a 150 hectáreas.

El APRA es el partido de la corrupción, la traición nacional y la reacción. La historia no la absolverá.