Rigidez ministerial

El superministro Luis Castilla se opone a la dación de la Ley General del Trabajo porque en el Perú, afirma, hay una alta rigidez laboral. Para él, como para las grandes empresas, debe haber una mayor flexibilidad, sobre todo para despedir y para disminuir o anular derechos.

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Hace pocos días recibí en el diario una delegación de trabajadores de la gran empresa textil Topy Top, la cual, una vez más, ha despedido dirigentes sindicales. Los señores de dicha compañía no creen en rigideces. Ellos son muy ágiles para lanzar a la calle a padres y madres de familia.

No es sólo cuestión de hechos, de práctica patronal. Las leyes laborales no son garantía de protección. Precisamente, una ley para estimular la exportación textil sirve para despedir trabajadores.

Personajes como Jaime de Althaus repiten a diario que las leyes laborales protegen sólo a una minoría, a una “oligarquía” (¡!). Para ellos, el ideal es que nadie esté protegido por la ley. Es lo que se llama igualar por abajo. Sería bueno comparar el sueldo mensual de De Althaus con el de algunos “oligarcas” del proletariado.

El economista Carlos Adrianzén, quien se opuso a que se estableciera un impuesto a las sobreganancias de la gran minería, acaba de escribir en la revista de la minería que lo que falta en el Perú es imponer el orden. Es decir, represión. La bala y el palo como santo remedio.

Esa actitud está en el fondo del afán dilatorio del ministro de Economía, Luis Castilla, respecto de la Ley General del Trabajo.

Por lo demás, el argumento de que en el Perú hay rigidez laboral carece de fundamento. Menos razón aún tiene la idea de que la Ley General del Trabajo impondría sobrecostos laborales.

El abogado laboralista Carlos Blancas, moderado exministro de Trabajo, ha precisado que el proyecto de Ley no aumenta ni incorpora ningún costo laboral. Hay, sí, derechos que se mantienen: vacaciones, asignación familiar, gratificaciones y participación en las utilidades.

A menos que se ansíe suprimir esos beneficios mínimos de que gozan algunos “oligarcas”.

Acierta Blancas cuando solicita del ministro Castilla que señale en qué artículo del proyecto se establece un sobrecosto antes inexistente. No existe tal innovación.

Ese es, desde mi punto de vista, el defecto mayor de la ley que se proyecta. Se limita a consolidar lo que existe.

La crisis global que afecta al mundo, en particular a Europa, Japón y Estados Unidos, es aprovechada por los organismos financieros internacionales y por la derecha mundial para revisar la legislación laboral. A ese espíritu responde el ministro Castilla.

El movimiento sindical y las redes sociales deberían alentar un debate sobre la Ley General, con miras a defender derechos y abrir camino a reformas que supriman la condición de parias que padece la mayoría de trabajadores peruanos.

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