Una investigación severa debería precisar hechos y responsabilidades. Tiene que preocupar que en momentos en que el gobierno llama al diálogo, esa invocación resulte rubricada por la sangre.

¿Quién ordenó disparar?

La acción de la fuerza pública en Celendín puede tener origen y repercusiones inéditos. No se olvide que un incidente parecido, con once campesinos y seis Policías muertos, condujo a la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. La reiteración de estos episodios puede conducir a una escalada violentista de consecuencias imprevisibles.

Una vez más cabe propugnar el diálogo frente a los conflictos sociales, y esperar que las promesas de diálogo sean seguidas por la facilitación del diálogo, sin exclusiones absurdas. Asimismo cabe exigir a dirigentes cajamarquinos como Gregorio Santos que midan sus palabras y el efecto posible de estas.

Tres muertos no son poca cosa. La dureza de la fuerza pública va en dirección contraria a la voluntad ciudadana, que una y otra vez pide diálogo, no represión.

El camino de la bala es el más recorrido por los gobiernos en Nuestra América. Casi sin excepciones conducen al golpe militar y a las dictaduras. Federico More recordó que en nuestros pueblos la defensa del orden suele crear desorden. Una vez instalado el desorden, nadie sabe cuándo puede concluir. Si se cierran las puertas de la ley, se abren las compuertas de la violencia, escribió hace 60 años un jurista peruano.

Hay, por otra parte, un desorden primitivo, que proviene del profundo descontento y la cólera desenfrenada de los de abajo. Sus desbordes indican ausencia de partidos y dirigentes auténticos, que sepan, no sofocar, sino encauzar los reclamos.

Recuerdo aquí lo que escuché decir al poeta José Gálvez, que encabezaba un movimiento de reivindicación democrática. Fue en 1945. Una masa enorme se había reunido en un espacio del centro de Lima, y pugnaba por romper el orden. Gálvez llamó entonces a disolverse en calma. Resuenan en mis oídos sus palabras: “¡Dejemos a otros el triste privilegio de violar las leyes!”.

Una vez más aflora la sospecha de que el gran capitán de la represión y la bala es Óscar Valdés, presidente del Consejo de Ministros, quien es el funcionario más detestado del gobierno, según todas las encuestas. Su descrédito, su apego a los intereses de la gran minería, contagia, según diversos analistas, a todo el régimen. Valdés es el enemigo público número uno.