No caben dudas al respecto. Días antes del homicidio, el dictador había prometido eliminar a los sindicalistas que perturbaban el orden y promovían huelgas. Lo hizo ante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE).

Entre el 3 y el 6 de diciembre de 1992, Huilca había asistido a la CADE, que se reunía bajo el lema de “Paz y Bienestar Social. Asumamos responsabilidad”. Había lanzado ahí una requisitoria, razonada y firme, contra la política laboral del fujimorato.

“Aprovecho la oportunidad que nos brinda este evento”, señaló, “para expresar nuestra disconformidad con la avalancha de decretos leyes que atentan contra los derechos de los trabajadores, solicitamos a la CONFIEP (confederación de empresarios privados) una reunión urgente para abordar este asunto. Consideramos necesaria la opinión de los empresarios, por cuanto muchos de los derechos que se conculcan fueron acuerdos de parte y no es justo que guarden silencio”.

Fujimori se indignó ante esas limpias palabras del dirigente obrero. Y amenazó: “Este ya no es el país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTEP, o las huestes de Sendero Luminoso o del MRTA, o los caciques de los partidos tradicionales”.

Ocho días después, Huilca era abaleado. Había propuesto un diálogo, le respondieron con balazos.

Prueba de que el gobierno de Fujimori se sabía responsable del crimen es que presentó tres veces en televisión a miembros de Sendero Luminoso como autores de aquél. La viuda, que despidió al mártir a la puerta de su casa; la hija, Flor de María, que estaba en el interior del auto al lado de su padre; y el hijastro, situado en el asiento posterior, declararon que no reconocían en esas personas a los victimarios. La hija salió del auto para pedir ayuda en la casa y se cruzó en el jardín con una mujer que apuntaba con una pistola hacia el vehículo donde estaba su padre.

Lo cierto es que el asesinato fue ordenado por Fujimori, el notorio cobarde que se había refugiado en las instalaciones del Servicio de Inteligencia, desde donde dirigía a los desalmados del Grupo Colina.

A partir de ese acto de barbarie, arreciaron las agresiones contra los trabajadores: despidos arbitrarios, desconocimiento de sindicatos, no pago de beneficios sociales y salarios de hambre y estrechez. Una línea de gobierno y empresarial que se aplica hasta hoy.

En el 2005, la Corte Interamericana de derechos humanos, tras exhaustiva investigación, responsabilizó al estado peruano por el asesinato.