El no del general Jordán

El caso del general Alberto Jordán Brignole, condenado ayer por el Tribunal Supremo Militar-Policial a 18 meses de prisión condicional, encierra nueva lección sobre el principio de obediencia debida que rige en las instituciones militares y policiales. Desde el juicio de Nuremberg contra los jefes nazis, ese dogma ha sido discutido y recusado.

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En algunas dictaduras latinoamericanas, sobre todo la del fascista Jorge Rafael Videla, en Argentina, algunos asesinos y torturadores buscaron impunidad amparándose en el subterfugio de que sólo obedecieron órdenes. Las democracias han implantado el criterio de que los hombres de uniforme tienen que respetar derechos humanos y principios constitucionales. En algunos casos deberán incumplir órdenes ilegales.

El general Jordán ha sido sentenciado por no haber cumplido con desalojar del puente Montalvo de Moquegua a una multitud de 25 mil ciudadanos que protestaban por un recorte en el canon minero.

El general, entonces Jefe de la Undécima Dirección Territorial Policial, con mando en Arequipa, Moquegua y Tacna, sólo disponía de 500 efectivos. Desalojar, es decir, meter bala o lanzar gases lacrimógenos, hubiera ocasionado una hecatombe.

Como declaró el jefe policial en su momento, hubo un instante en que un subordinado, el coronel Clever Vidal, sí acató una orden del general Octavio Salazar, jefe entonces de la Policía, de atacar a la población con lacrimógenas. Eso fue detenido gracias a la serenidad de Jordán.

Los indicios llevan a concluir que la orden de desalojo por la fuerza, no importa a qué costo, provenía del entonces presidente Alan García, cuya vocación de masacre ha tatuado “con sangre la historia”, para emplear términos de la “Marsellesa aprista”. La matanza de El Frontón es ilustrativa.

García insultó al general por haber preferido el diálogo en el incidente: lo llamó “cobarde”. Valiente hubiera sido, para el jefe del Estado, enfrentarse a una muchedumbre airada. Eso hubiera significado decenas de muertes, de Policías y civiles. Cómodamente instalado en el sillón presidencial, García habría entonces entonado un discurso triunfal, felicitado al general Jordán y ascendido póstumamente a los Policías caídos.

Por supuesto que, en lugar de eso, el exjefe policial salvó vidas, ha perdido su carrera, ha sido hostilizado y, finalmente, condenado. Tiene razón al apelar contra la sentencia y anunciar que podría recurrir a instancias internacionales para defender sus derechos y su honor.

“Mi misión como Policía fue proteger vidas”, ha explicado Jordán. La sentencia que se le ha aplicado debiera servir para un debate principista -jurídico y político- que oriente a los ciudadanos y también a militares y Policías. El uniforme de estos no debe ser manchado con el crimen y el abuso.

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