Tras hacerse público la negligencia médica realizada por médicos del Hospital Alberto Sabogal contra Jorge Villanueva, a quien le amputaron la pierna equivocada, las
denuncias por similares prácticas irregulares en los establecimientos de
salud del país continúan saliendo. Estela Orihuela, madre del fallecido Roberto Rivadeneira Guerra (26) contó que el 25 noviembre del 2009 llevó a su hijo al hospital de
Huancayo de Es
salud por un cólico a la vesícula, sin embargo, en el procedimiento quirúrgico -realizado por el galeno José Francisco Jirón Guillén- le cortaron el conducto biliar y le perforan el hígado. Después de siete días el joven ingeniero forestal fallece.
Ese mismo día (25 noviembre), el mismo Jirón Guillén atiende a Katia Díaz de Meneses (42), quien también fallece por la perforación del duodeno, produciéndose una infección generalizada. Así lo denunció Félix Américo Meneses, cónyuge de la fallecida, quien dijo que su esposa tenÍa programada una cirugía a la vesícula para extraerle dos cálculos.
Sin embargo, lo que más indigna a los familiares es que el galeno que provocó la muerte de sus seres queridos sigue laborando, a pesar que un informe que el propio director del Hospital IV
Huancayo, Edgardo Bernuy, envía a la Red
salud Asistencial de Junín reconoce que en los casos mencionados “no hubo un seguimiento adicional al que se realiza en todos los pacientes, habiéndose llegado a extremos de que recién fueron diagnosticados en la madrugada del 27 noviembre”.
Gobierno de espaldas
El coordinador de Foro
salud, Mario Ríos, dijo que los continuos abusos que se viene dando en contra de los pacientes por parte de los establecimientos de
salud es producto de “una negligencia de carácter político del
ministerio de
salud”, pues si el ministro Óscar Ugarte hubiera cumplido con reglamentar la Ley 29414, que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de
salud, que está vigente desde el 3 de octubre de 2009, se hubieran evitado las constantes irregularidades o al menos se hubiera asegurado la inmediata indemnización a las personas afectadas. La norma establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de
salud, en la cual se establece mecanismos eficaces y rápidos ante los daños que puedan tener los usuarios en los establecimientos de
salud.
“Falta una prioridad de las políticas de
salud por parte del Estado, pues el gobierno no está priorizando la
salud que no parece ser parte de la agenda política del Estado”, acusó Ríos. De otro lado, el ministro de Justicia,
Aurelio Pastor, anunció la creación de un equipo especial integrado por
abogados dedicados a analizar casos de negligencia médica. “El objetivo es brindar cobertura jurídica inmediata y gratuita a las personas y familiares víctimas de negligencias médicas”, dijo.
Descartan negligencia
El director del hospital Sabogal, José Arriola Uceda, desmintió una posible negligencia médica en el caso de la señora Emiliana Bazán de Guimet (72), a quien le amputaron las piernas y un brazo; precisó que la operación se complicó y devino en una infección generalizada. Arriola precisó que fue necesario ingresar a la paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos. Ahí se le hizo una serie de operaciones para eliminar el foco infeccioso cercano a la vagina y al recto”, afirmó el director.
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