Pese a los avances que ha ido logrando el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) identificando y reconociendo a la población del país, este grupo de personas se ven imposibilitados de acceder a derechos básicos e inalienables que la Constitución peruana ampara.

En este sentido, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Paul Martin, dijo que el gobierno central debería aplicar una política de inclusión social sobre esta población indocumentada.

“Ser indocumentado hoy equivale a la muerte, pues prácticamente no puedes acceder a tus derechos reconocidos por ley. La ciudadanía no es un derecho exclusivo de unos cuantos. Por ello, el Estado tiene el deber de incluir a todos sus habitantes, a través de un registro único de identificación”, mencionó Martin, quien hizo estas declaraciones en el marco de la firma del convenio con el jefe nacional del RENIEC, Jorge Yrivarren, que buscará documentar a los pobladores de 69 comunidades de Loreto.

Sobre esto, Martin precisó la importancia de adaptarse a las características de cada población para “desarrollar las modalidades de registro, fomentando una cultura de documentación, de manera tal que se convierta en una cultura constante”.

Martin explicó que el convenio se inicia en Loreto, pues es una de las zonas que más indocumentados tiene, además de ser una de los lugares más pobres del país. Actualmente en Loreto, hay 20 mil niñas, niños y adolescentes y 500 adultos que no cuentan con DNI; 5 mil niñas, niños y adolescentes y 500 mayores que no cuentan con actas de nacimiento. Es a esta población la cual el convenio piensa beneficiar.

Por su parte, el titular del RENIEC, Yrrivaren, se refirió sobre las consecuencias de la población indocumentada. “Básicamente, ellos han perdido la posibilidad de acceder a los programas sociales y con ello, al acceso de sus derechos sociales”, apuntó.

“Cada programa social ha llevado su propia base de datos de las personas beneficiadas. Que haya varios registros ha permitido la existencia de filtraciones. Es decir, que personas que no cumplan los requisitos para ser beneficiarios de tal programa social finalmente lo sean”, explicó Yrrivaren.

Ante ello, propuso al gobierno central que para la aplicación de cada programa social sea acompañado al menos por un funcionario de la RENIEC. “Que sea el personal de la RENIEC que tenga el registro único de personas y así evitar el desorden”, señaló Yrrivaren.


Gabriel Mazzei
Redacción