“Estamos a favor de que la norma -sobre despenalizar relaciones con adolecentes- sea modificada pero eso no significa que se promuevan las relaciones sexuales entre adolecentes. Lo que hacemos es reconocer las estadísticas que revelan que los menores se inician sexualmente a los 12 años y que de cada 100 adolescentes 13 se embarazan”, opinó Mayda Ramos, adjunta de la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

Estas declaraciones las brindó a propósito de la polémica desatada por el proyecto de ley que propone despenalizar las relaciones sexuales consentidas de adolescentes menores entre los 14 y 18 años de edad. Asimismo, la funcionaria de la Defensoría del Pueblo informó que su institución emitió opinión favorable a la citada modificatoria debido a que existe una incoherencia en el marco jurídico ya que si bien a los menores de edad se les reconoce su capacidad a decidir casarse y reconocer a sus hijos, por otro lado se les penaliza por tener relaciones sexuales y se les niega el acceso a los servicios de salud reproductiva.

Ramos señaló que hace algunas semanas el Comité de las Naciones Unidas recomendó al gobierno peruano derogar la norma sobre penalización de relaciones consentidas entre menores de edad y además un grupo de jóvenes presentó un pedido al Tribunal Constitucional para declarar la derogatoria de esta ley que considera las relaciones sexuales de menores entre 14 y 18 años como violación sexual y que sanciona dicho acto con una pena de hasta 30 años.

Sobre las críticas de los opositores al proyecto aprobado en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, que consideran que de prosperar el pedido se permitiría que las o los menores de edad mantengan relaciones con personas mucho mayores, Ramos afirmó que, por el contrario, la modificatoria plantea sanciones severas a cualquier tipo de abuso.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que además de modificar la referida ley, el Estado debe reforzar el servicio de salud sexual reproductiva, sobre todo para las personas con menos recursos que, según las cifras, son las que más se embarazan.

“El Estado tiene que trabajar en los servicios de salud ya que aún existen muchas deficiencias. Las adolecentes no pueden recibir asesoría y si se embarazan tampoco acuden a los establecimientos de salud ya que se les obliga decir el nombre de sus parejas para denunciarlos”, dijo a LA PRIMERA.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, consideró que, por tratarse de un tema delicado, merece la opinión de técnicos y expertos, así como de un pronunciamiento de los sectores involucrados, del gobierno y de la propia sociedad civil organizada, a través de las ONG.


Dayhana Cam
Redacción