Diario La Pr
El aliado de García
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, con quien el gobierno de Alan García acaba de anudar una especie de alianza estratégica y con quien comparte el seguimiento de las políticas del ex presidente George W. Bush. Este artículo del antropólogo mexicano Gilberto López Arias, ilustra con qué clase de régimen se ha aliado García, o tal vez solamente confirma las afinidades entre ambos gobernantes.
(1) Uribe tiene cuentas pendientes en materia de derechos humanos. (2) Civiles inocentes son asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate. (3) La alianza entre Uribe y García fue confirmada por sus ministros el viernes último.
Entre el 24 de febrero y el 11 de marzo del 2009, la Comisión Ética Contra los Crímenes de Estado en Colombia realizó su sexta visita. Esta comisión es una iniciativa para salvaguardar la memoria colectiva de las víctimas y acompañar sus procesos de dignificación, denuncia y resistencia, desde la sociedad civil internacional y teniendo en mente que “las voces de los silenciados serán escuchadas”.
En esta ocasión, además del acompañamiento al pueblo indígena Embera y Afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó en LA PRIMERA Consulta de los Pueblos y sendas visitas a los departamentos de Sucre y Putumayo, la Comisión Ética asistió al “Encuentro de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia” que tuvo lugar durante los días 5 y 6 de marzo, escuchando múltiples testimonios de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos” [1], así como contextos y análisis de organizaciones que acompañan este proceso desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Se encontraban presentes numerosos familiares provenientes de las diferentes regiones del país, por lo que se presentó un panorama altamente representativo de una situación nacional.
En todo el país se han cometido cientos de asesinatos que conforman el patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, principalmente por miembros de las Fuerzas Armadas Colombianas –y/o sus paramilitares-- de manera sistemática y generalizada. Esta grave violación se origina con anterioridad y tiene su exponencial desarrollo durante los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la puesta en práctica de la llamada política de “seguridad Democrática” y a partir de la instrumentación del Plan Colombia, por lo que las víctimas son presentadas como “bajas en combate” para cobrar las recompensas económicas y recibir los reconocimientos y ascensos que el propio Comandante General de las Fuerzas militares ofrece de manera reiterada.
Estas prácticas aberrantes se presentan como “resultados” de la guerra contrainsurgente para justificar los apoyos obtenidos por la vía del Plan Colombia y son claramente violatorias del derecho penal Colombiano, los Convenios de Ginebra, el Derecho Internacional de los derechos humanos y, en especial, la Convención Americana de derechos humanos.
Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales siguen un patrón definido: hombres jóvenes de no más de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, con una presencia importante de jóvenes campesinos, o de áreas suburbanas y urbanas que se consideran “prescindibles”. En ese patrón se incluyen discapacitados o jóvenes que son considerados potenciales o reales opositores al régimen, por lo que encontramos elementos para calificar estos crímenes de lesa humanidad como una política de “limpieza social”, sólo comparable con la practicada por los execrables regímenes fascistas que prevalecieron en el siglo pasado. Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo Colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado, su política de Estado.
La impunidad es una característica común de estos crímenes en los que sus perpetradores no son investigados ni mucho menos juzgados y sancionados. Las autoridades Colombianas de los tres poderes y los organismos de control estatal como la Procuraduría, y aun organismos que supuestamente defienden y preservan los derechos humanos, han actuado por omisión o comisión como cómplices de los mismos, mientras los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, se hacen eco de las versiones oficialistas sobre los hechos denunciados, cuando no ocultan o encubren totalmente estas graves transgresiones y, principalmente, la responsabilidad del Estado Colombiano.
Es sorprendente el valor de los familiares de las víctimas que salieron a la calle, acompañados por sectores de la sociedad civil y con la observación de la Comisión Ética, a manifestar su profunda indignación frente al Ministerio de Defensa y la Fiscalía el 6 de marzo, todo ello pese a las amenazas y los reales peligros que corren en un país donde no existe el estado de derecho y las instituciones están al servicio del terrorismo de Estado
La Comisión Ética se sumó a la exigencia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, se conforme un equipo especial dentro de la Unidad de derechos humanos de la Fiscalía en Bogotá, para evitar eventuales interferencias que dado el estatus e influencia de los investigados --en los lugares donde ocurrieron los hechos--, puedan afectar la imparcialidad de las diligencias
También la comisión destaca una militarización amplia, visible y evidente en los departamentos que se expresa en innumerables retenes, repetidos requerimientos de identificación, impedimentos a la libre movilidad de las personas, sobre-vuelos de helicópteros, cuarteles e instalaciones militares dentro de localidades, reclutamiento forzado y expedito (una leva en todo el sentido del término), prostitución de niñas y jóvenes, recorridos constantes de las tropas por las carreteras y poblados, presencia militar en la cotidianidad de la población civil (tiendas, casas, fincas, etcétera), la continuidad y reconversión del paramilitarismo, todo lo cual afecta la normalidad y la seguridad de las personas y constituye una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario. Esta es la realidad dantesca de Colombia que Álvaro Uribe Vélez se ufana en presentar como modelo a seguir y que las ultraderechas pretenden imponer a cualquier precio en el resto de América Latina, con la ayuda de sus mentores estadounidenses.
Represión a los indígenas
Según la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, en las últimas semanas han dejado a la entrada de las comunidades Wayuu, una serie de panfletos que advierten a la población de la “limpieza social” que se implementará en el municipio Colombiano, la cual ha generado que se esté atendiendo a las restricciones impuestas sobre la movilidad, en el sentido de que después de determinadas horas, todos deben confinarse en sus residencias.
El temor se hace más intenso cuando los mensajes, rumores y advertencias que llegan a las comunidades, intimidan y condicionan a los Wayuu que atienden procesos para procurar la verdad, la justicia y la reparación. En este sentido se viene amedrentando a las comunidades, con el propósito de que no participen en las actividades que desarrolla la Fuerza de Mujeres Wayuu en torno a las víctimas del conflicto armado, ya que se pretende accionar un plan para atentar contra la vida y la integridad personal de algunas de sus dirigentas.
Enfatizamos que, además de las amenazas proferidas en contra de las mujeres Wayuu, se han venido cometiendo asesinatos selectivos en contra de sectores poblacionales que habían sido ya identificados en el Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo, por lo cual subrayamos que, en caso de concretarse las amenazas hacia alguna de las dirigentas de la Fuerza de Mujeres Wayuu, hacemos exclusivamente responsable al gobierno nacional por omisión, ya que ha evadido la atención a las recomendaciones emitida por el Sistema de Alertas Tempranas.
El 27 de enero de 2009 fue emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el Informe de Riesgo 002-09, en el cual se focaliza entre otros sectores a las comunidades Wayuu del área rural de Maicao ubicadas en los corregimientos de Montelara, La Majayura, Carraipía y a la organización Fuerza de Mujeres Wayuu, esta última dedicada entre otras actividades, a la denuncia de los crímenes cometidos por actores armados en contra de comunidades Wayuu.
Gilberto López y Rivas
Agencia Argos
[1] Nota: “Falsos positivos” son los civiles asesinados y posteriormente presentados como “bajas de la guerrilla en combate”, cuyos cadáveres son uniformados y armados por los victimarios para cobrar las recompensas, estímulos y ascensos que Uribe ofrece. Los familiares de las víctimas se oponen a este término y se refieren a “ejecuciones extrajudiciales como criímenes de Estado”.
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Tags: estado, victimas, comision, wayuu, crimenes, ejecuciones, colombia, uribe, comunidades, contra,
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