Diario La Pr
Aprista Alva Castro amenaza a jueces
El conflicto entre los poderes Judicial y Legislativo, por la investigación de los “petroaudios”, subió de tono, al expresar ayer el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, su pleno respaldo al pedido de información a la jueza Ana María Martínez, hecho por la comisión que investiga la presunta existencia de una red de interceptación telefónica, y criticar además severamente el trato que les dispensó en la víspera el presidente de la Suprema, Javier Villa Stein, a los integrantes del grupo de trabajo que encabeza Oswaldo Luízar.
Crece conflicto de poderes por los petroaudios. Presidente del Congreso no descarta recurrir a una acusación constitucional contra magistrados."
Alva calificó inclusive como un acto de rebeldía y desacato la negativa de entregar la información contenida en los archivos de los equipos informáticos de la empresa Business Track, expresada por la jueza Martínez y ratificada por el titular del Poder Judicial.
“Es una actitud de desacato que le hace mucho daño al país” sostuvo Alva, quien no descartó recurrir a una acusación constitucional ante la negativa de los magistrados a cumplir la obligación del Poder Judicial, de atender los requerimientos del Congreso. “El poder Legislativo tiene herramientas y mecanismos que puede hacer funcionar”, declaró.
Alva Castro dijo que su posición está orientada a defender el fuero parlamentario. “Yo tengo que respaldar plenamente a la comisión por el trabajo que viene realizando”, expresó y lamentó que el Poder Judicial en algunos casos haya entregado información y en otros no.
Acaben la comedia
El ex ministro y dirigente de Perú Posible, Juan Sheput demandó ayer que los presidentes de los poderes Judicial y Legislativo acaben de una vez con la gran comedia mediática que protagonizan y que distrae la atención sobre la marcha de ese proceso que investiga graves actos de corrupción.
Dio sin embargo la razón al Congreso, al señalar que la Constitución establece que todos los funcionarios del país, incluidos los jueces, están obligados a comparecer ante las comisiones investigadoras del Congreso. Esta obligación está en el artículo 97 de la Carta Magna que establece que el Congreso puede iniciar la investigación de cualquier asunto de interés público y llamar a comparecer a cualquier funcionario, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.
De la misma manera, Sheput recordó que el artículo 139º, en su inciso cuarto, establece que los procesos judiciales que involucran a funcionarios públicos, son siempre públicos. El presidente del Poder Judicial se equivoca cuando señala que el proceso relacionado con los “petroaudios” debe ser reservado, señaló.
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