Diario La Pr
Amenaza criminal
Es inminente un nuevo Baguazo, esta vez en el norte de Lima.El gobierno volvió a amenazar ayer, con posiciones ambiguas y con la irresponsable amenaza del director general de la Policía, general David Hidalgo, de que el desalojo de la empresa, en la que permanecen dispuestos a resistir cuatro mil personas, está ya decidida y hasta tiene fecha y hora.
Trabajadores y accionistas de azucarera Andahuasi se mantendrán firmes a fin que sus derechos se respeten.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, y el ministro del Interior, Octavio Salazar, señalaron que el Ejecutivo no intervendrá en la solución de la disputa por el control de la empresa Andahuasi, pues consideraron que el caso corresponde a un “conflicto entre privados”, tras reunirse con el director ejecutivo de la empresa, David Jiménez.
“Tenemos la disposición de diálogo para impedir que el conflicto sea resuelto con violencia. La Policía suele ser utilizada para resolver conflictos entre privados. Para eso, tenemos los organismos jurisdiccionales que se encargarán de eso”, señaló Velásquez.
Pero Salazar confirmó que el fuerte contingente policial desplegado en los alrededores de Andahuasi ya tiene preparado un planeamiento y estrategia para hacer cumplir la medida cautelar del Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de Huaura, donde el juez suplente Leoncio Bolaños Cusimayta ordenó indebidamente el desalojo.
Al respecto, Jiménez descartó que los pobladores andahuasinos estén colocando a sus niños como “escudos humanos”, aseguró que el directorio que representa tiene reconocimiento legal y entregó a las manos de los ministros copias de la resolución 1513 del Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos que así lo establece.
Desalojo sigue vigente
Tras ser recibidos por el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, los representantes del directorio de Andahuasi exigieron que declare la nulidad de la orden de desalojo.
El asesor legal de la empresa, Héctor Valer, confirmó que la orden de desalojo sigue vigente, pues el juez Bolaños debe emitir un dictamen para suspenderla o revocarla.
“El juez le dio la razón a Eduardo Núñez en la orden, pero el Tribunal Registral emitió una resolución el 7 de octubre que dice que el nuevo directorio es legal. Por tanto, la orden ya no tiene sentido, está violando el principio de discrecionalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, dijo a LA PRIMERA.
El letrado confirmó que el juez citado fue denunciado ayer por el delito de prevaricato ante la Fiscalía de la Nación para que esta derive el caso a la Oficina de Control de la Magistratura y esta evalúe si procede o no un proceso penal en su contra.
Leonardo Caballero
Redacción
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